Son los términos y condiciones a los que deben ajustarse los licitantes que decidan participar en el procedimiento de selección por la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios con la administración pública. Estas bases permiten que el licitante (persona o entidad) ofrezca un precio conveniente sobre la base de condiciones determinadas.
El objetivo es considerar las propuestas según las mejores condiciones, en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como en cuanto a la protección del medio ambiente.
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