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La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de Estados Americanos (OEA) es el primer instrumento jurídico regional que promueve y facilita la cooperación para combatir la corrupción entre sus Estados Parte, a través de la asistencia jurídica recíproca y cooperación técnica, la extradición, la confiscación y decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción.
Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos vinculados con tal ejercicio.
Reconoce la trascendencia internacional de la Corrupción y la necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite la cooperación entre los países de la región para combatirla.
Genera conciencia entre la población de los Estados Parte sobre la existencia y gravedad de la corrupción. Fortalece la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción.
En esta Convención se establecen sanciones de acuerdo a las leyes de cada Estado Parte, mismas que pueden ser:
Penales, Civiles, y Administrativas
Cada país tiene el derecho de sancionar según su legislación cuando el delito se comete en su territorio, por sus ciudadanos o residentes y cuanto al presunto delincuente no se le extradite por motivo de su nacionalidad.